En el primer semestre de 2026, la recaudación tributaria administrada por ARCA (ex AFIP) alcanzó los 109,6 billones de pesos: un aumento nominal del 25,9% respecto del primer semestre de 2025, aunque una caída real del 5,3% una vez descontada la inflación. Solo en junio ingresaron 20 billones de pesos, con una baja real del 7,6%, confirmando la tendencia. Para ponerlo en perspectiva: en 2026 la presión tributaria consolidada del sector público (Nación, provincias y municipios) se estima en 26,7% del PBI, según IARAF. Es el nivel más bajo en alrededor de dos décadas, apenas por encima del registrado en 2006 (25,6%) y muy por debajo del pico de 2015 (32,6% del PBI). Esto significa que Argentina mantiene superávit fiscal al mismo tiempo que reduce la carga tributaria, una combinación que durante los últimos veinte años parecía políticamente imposible y que convierte al momento actual en un caso estadísticamente muy particular.
La estructura de la recaudación se divide en cinco grandes bloques que explican más del 93% de todos los ingresos.
Primer bloque: IVA, el principal sostén de la recaudación
El IVA neto aportó en junio de 2026 unos 6,54 billones de pesos, con un crecimiento nominal del 28,2% frente a junio de 2025. Sin embargo, con una inflación cercana al 33,4%, eso equivale a una caída real del 4%. En enero, como referencia, el IVA había generado 6,21 billones de pesos y fue el tributo con mayor recaudación del mes. En términos de participación, representa de manera estable entre el 30% y el 32% del total, consolidándose como la principal fuente de ingresos tributarios del país.
El esquema del IVA argentino —21% como alícuota general, 10,5% para determinados bienes esenciales como parte de los alimentos y medicamentos, y 27% para algunos servicios públicos— tiene una característica importante: además de cobrarse sobre las operaciones internas, también se aplica a las importaciones a través del IVA aduanero. Por eso su evolución depende en parte del comercio exterior. En junio de 2026 el IVA impositivo aumentó un 28,1% y el IVA aduanero un 26,6%, mostrando un comportamiento muy similar. La caída real del 4%, pese al crecimiento nominal de la economía, refleja una debilidad estructural: el consumo todavía se recupera lentamente, la informalidad laboral sigue siendo elevada y el IVA, al gravar el consumo, depende directamente de cuánto gastan los hogares dentro de la economía formal.
Segundo bloque: Seguridad Social, el gigante silencioso
Los aportes y contribuciones destinados a la Seguridad Social (SIPA y obras sociales) sumaron 5,5 billones de pesos en enero de 2026, convirtiéndose en la segunda fuente de recursos del Estado, con alrededor del 26–27% del total recaudado. En junio registraron una caída real del 2,9%, reflejando que tanto el salario real como el empleo formal continúan recuperándose a un ritmo menor que la inflación.
La estructura de este sistema merece una explicación aparte. El empleador paga contribuciones equivalentes aproximadamente al 24–27% del salario bruto, mientras que el trabajador realiza aportes cercanos al 17%. En conjunto, por cada empleo registrado el Estado recibe alrededor del 41–44% del salario bruto antes incluso de aplicar el Impuesto a las Ganancias. Esta elevada carga sobre el empleo formal es una de las razones estructurales por las que Argentina mantiene uno de los niveles más altos de informalidad laboral de América Latina: para el empleador, contratar en blanco implica un costo muy superior al salario que finalmente recibe el trabajador.
También es importante señalar que los recursos de la Seguridad Social, a diferencia del IVA y Ganancias, no forman parte del régimen de coparticipación. Se destinan directamente a ANSES para financiar jubilaciones, pensiones, asignaciones y la AUH. En la práctica, cada trabajador registrado financia tanto su futura jubilación como las prestaciones de quienes ya están retirados, bajo el sistema solidario de reparto.
Tercer bloque: Impuesto a las Ganancias, progresivo pero con matices
El Impuesto a las Ganancias es el único de los grandes tributos con una escala progresiva formal: para las personas físicas las alícuotas van del 5% al 35%, según el nivel de ingresos. En enero de 2026 aportó 3,4 billones de pesos y ocupó el tercer lugar entre las principales fuentes de recaudación. En junio mostró una caída real del 16,8%, aunque gran parte de esa baja responde a un efecto técnico: la deducción correspondiente a la declaración de 2025 para personas físicas fue trasladada de junio a julio de 2026, reduciendo artificialmente la recaudación de junio y aumentando la de julio.
La reforma impulsada durante el gobierno de Javier Milei modificó profundamente este impuesto. Tras los cambios introducidos en 2023, la mayoría de los trabajadores dejó de tributar Ganancias. Durante el primer semestre de 2026, el mínimo no imponible para un trabajador soltero rondó los 2,49 millones de pesos netos mensuales, lo que implica que el impuesto comienza a aplicarse recién sobre salarios cercanos a los 3 millones de pesos brutos o superiores. Como el salario mediano del empleo formal se ubica bastante por debajo de ese umbral, la mayoría de los trabajadores no paga este impuesto. Hoy el peso principal recae sobre las empresas, que tributan entre el 25% y el 35% sobre sus ganancias, y sobre los asalariados de mayores ingresos. Como resultado, la recaudación de Ganancias cayó un 43% en términos reales respecto de junio de 2023.
Cuarto bloque: Impuesto sobre los Créditos y Débitos, el impuesto a cada movimiento bancario
El Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, más conocido como impuesto al cheque, grava con una alícuota del 0,6% cada crédito y cada débito realizado en una cuenta corriente. En enero de 2026 recaudó 1,41 billones de pesos, ubicándose en el cuarto lugar del ranking y representando cerca del 7% del total.
Es un tributo prácticamente único por su funcionamiento: no está incorporado en el precio de los productos como el IVA ni depende de una declaración jurada como Ganancias. Se descuenta automáticamente de cada operación bancaria.
Precisamente por eso funciona como uno de los mejores indicadores adelantados de la actividad económica: cuando aumenta el volumen de transacciones, la recaudación crece; cuando cae el movimiento comercial o las empresas vuelven a operar en efectivo, los ingresos disminuyen de inmediato. Aunque nació como un impuesto transitorio durante la crisis de 2001, en 2026 cumple 25 años y no existen señales de que vaya a eliminarse. Es demasiado simple de recaudar y muy difícil de evadir.
Quinto bloque: Derechos de Exportación (retenciones), el impuesto más político
Las retenciones constituyen una particularidad del sistema tributario argentino. Pocos países gravan las exportaciones con un peso tan importante dentro de la recaudación. Históricamente aportaban alrededor del 10–11% de los ingresos tributarios, pero en 2026 el panorama cambió de manera significativa.
En diciembre de 2025 el gobierno de Milei redujo las alícuotas para los principales cultivos: la soja pasó del 26% al 24%, el trigo y la cebada del 9,5% al 7,5%, y el maíz del 9,5% al 8,5%. Mientras que entre enero y septiembre de 2025 los Derechos de Exportación representaban en promedio el 4,7% de la recaudación total, entre octubre de 2025 y abril de 2026 esa participación cayó al 2,4%. En junio de 2026 la recaudación por este concepto se desplomó un 46% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior. Fue la mayor caída entre todos los tributos y el principal factor detrás del retroceso real de la recaudación durante el primer semestre.
La relevancia política de este impuesto va mucho más allá de su peso presupuestario. Las provincias no reciben un solo peso de las retenciones: todo ingresa al Tesoro Nacional. Por eso provincias agroexportadoras como Córdoba y Santa Fe llevan décadas reclamando su eliminación. Ellas asumen gran parte de los costos de producción, mientras que la recaudación queda concentrada en el gobierno nacional.
Impuestos pequeños con una larga historia
Fuera de los cinco grandes tributos existe un amplio conjunto de impuestos menores que, en conjunto, explican cerca del 7% de la recaudación. El Impuesto a los Combustibles fue uno de los pocos que registró crecimiento real durante el primer semestre de 2026, con un aumento del 27,4%, impulsado por actualizaciones administrativas de las alícuotas que trasladaron una mayor carga al consumidor final. El Impuesto sobre los Bienes Personales también mostró un incremento real del 9,5%, una excepción dentro del contexto general de caída, favorecido por la valorización de los activos financieros. En sentido contrario, los Impuestos Internos, que gravan productos como cigarrillos, bebidas y seguros, retrocedieron un 19,7% en términos reales, reflejando la menor demanda en esos rubros.
¿Qué ocurre con todo ese dinero?
La recaudación de los principales impuestos no permanece íntegramente en el Tesoro Nacional. Una parte se distribuye entre las provincias mediante el régimen de coparticipación federal. En junio de 2026 el Gobierno nacional transfirió 6,83 billones de pesos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aumento nominal del 25,7% pero una caída real del 5,6%. En el acumulado del primer semestre, las transferencias automáticas alcanzaron los 36,6 billones de pesos, con un descenso real del 2,6%.
La fórmula de reparto ha sido históricamente motivo de conflicto: el 56,66% de los recursos coparticipables se distribuye entre las provincias y el 2,1% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Sin embargo, fuentes importantes de ingresos como las retenciones y parte de Ganancias quedan total o parcialmente fuera de esa masa coparticipable.
El cambio estructural de 2026: qué está cambiando con Milei
Los datos disponibles hasta julio de 2026 muestran un perfil tributario muy definido. La carga impositiva real se encuentra en su nivel más bajo de los últimos veinte años, principalmente por tres factores: la reducción de las retenciones, la eliminación de hecho del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de los trabajadores y la caída real del IVA producto de un consumo todavía débil. Al mismo tiempo, ganan peso algunos impuestos de carácter más regresivo que recaen sobre el consumo independientemente del nivel de ingresos. El caso más evidente es el Impuesto a los Combustibles (+27,4% real), que termina pagando cualquier persona que carga combustible o compra bienes cuyo transporte depende de ese insumo.
En otras palabras, el cambio estructural puede resumirse así: el Estado recauda menos sobre las ganancias empresariales, sobre los salarios medios y altos, y sobre las exportaciones; y relativamente más sobre quienes consumen combustible y utilizan el sistema bancario. Es una lógica tributaria coherente con una visión económica de orientación liberal: reducir la carga sobre la producción y el capital mientras se mantienen, o incluso aumentan, los impuestos vinculados al consumo y a las transacciones. Si esa estrategia resulta compatible con el objetivo declarado de reducir la inflación y acelerar el crecimiento económico es una pregunta que, por ahora, todavía no tiene una respuesta estadísticamente concluyente, ya que la serie de datos disponible apenas comienza a construirse.
