Empecemos con dos cifras clave que definen todo el panorama. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, en mayo de 2026 el Sistema Integrado Previsional Argentino registraba 12.442.017 aportantes, es decir, 38.532 personas menos que en mayo de 2025. Del lado de los beneficiarios, en diciembre de 2025 había 7.908.152 jubilados y pensionados por invalidez, más 1.719.074 titulares de prestaciones no contributivas, lo que suma un total de 9.627.226 personas. Una división simple de 12,4 millones de aportantes por 7,9 millones de jubilados arroja una proporción de 1,57 a 1. Esta es la cifra central del análisis y requiere un desglose inmediato.
Quiénes son los aportantes y qué tan reales son esos 12 millones
La cifra de 12,4 millones de aportantes incluye varias categorías con niveles de contribución muy distintos. En diciembre de 2025 se presentaron 7.702.431 declaraciones juradas de trabajadores en relación de dependencia del sistema en los sectores privado y público, 2.208.791 aportes del régimen de monotributo y 417.974 de autónomos. Esto significa que, de los 12,4 millones registrados, cerca del 62 por ciento son empleados con una contribución plena de entre el 24 y el 27 por ciento a cargo del empleador más el 17 por ciento del trabajador. El 38 por ciento restante corresponde a monotributistas y autónomos, cuyas contribuciones son órdenes de magnitud menores. Un monotributista de categoría A paga un aporte previsional fijo de entre 2.500 y 3.500 pesos mensuales sin importar sus ingresos, mientras que un empleado con un sueldo de 500.000 pesos aporta unos 215.000 pesos al mes. La diferencia en el peso de un aportante es de más de sesenta veces. Por lo tanto, los 12,4 millones representan la cantidad de personas que pagan, no el equivalente en aportes plenos. Si se recalcula en términos de aportantes completos, la base financiera real del sistema es bastante más modesta.
Quiénes son los jubilados y por qué el 64 por ciento se jubiló por moratoria
Aquí aparece la segunda gran anomalía estructural. De los 7,9 millones de beneficiarios del sistema, el 79 por ciento tiene al menos un beneficio contributivo. De ese grupo, el 64 por ciento lo obtuvo a través de una moratoria o plan de regularización de deuda previsional, y solo el 36 por ciento cuenta con un haber puramente contributivo, es decir, habiendo cumplido con todos los años de aportes. Esto implica que, de los aproximadamente 7,9 millones de beneficiarios, solo unos 2,8 millones tienen una jubilación totalmente respaldada por sus propios aportes. Los otros 5,1 millones aproximadamente cobran una prestación ya sea por moratoria, habiendo pagado solo una parte de los aportes faltantes o ninguno, o por vías no contributivas. La moratoria es el mecanismo argentino que permitió a personas sin los 30 años de aportes comprar los años faltantes en cuotas para jubilarse. La última moratoria vigente venció en marzo de 2025 y, por decisión política del gobierno de Milei, no fue prorrogada.
Evolución histórica de la proporción: un deterioro constante
La relación entre aportantes activos y cada jubilado es un indicador estructural clave para la sostenibilidad del sistema previsional, y su historia en Argentina es la de un deterioro constante. En 2021, el sistema contaba con 9.905.314 aportantes frente a 5.420.234 beneficiarios, una proporción de aproximadamente 1,83 a 1. Hoy, a mediados de 2026, los 12,4 millones de aportantes frente a los 7,9 millones de jubilados, más 1,7 millones de no contributivos, dan una relación de 1,57 a 1 si se cuenta solo el régimen contributivo, o de 1,29 a 1 si se incluyen todos los beneficiarios. Para tener una referencia, en la década de 1970 el sistema argentino tenía entre 8 y 9 aportantes por cada jubilado. Para 1994, esa relación había caído a 1,4 a 1, lo cual fue el principal argumento para la reforma que dio paso al sistema de capitalización. La reforma previsional de 1994 con las AFJP alivió parcialmente el problema, pero en 2008 el sistema fue reestatizado y volvió al esquema de reparto. Desde entonces, la proporción empeoró aún más.
Por qué 1,57 es una cifra alarmante
La norma internacional para un sistema de reparto equilibrado exige entre 3 y 4 aportantes activos por cada jubilado, considerando tasas de aporte típicas. Las tasas argentinas son bastante altas, ya que la contribución total entre el aportante y el empleador ronda el 41 por ciento. Esto significa que, con una proporción de 1,57 a 1, los ingresos totales por aportes cubren apenas el 64 por ciento de la masa de haberes, asumiendo de manera simplificada que todos los aportantes tienen el mismo peso. El resto debe financiarse con otras fuentes. En 2023, los aportes y contribuciones cubrieron solo el 46 por ciento de los recursos de la ANSES, los ingresos tributarios el 32,3 por ciento y las transferencias directas del Tesoro el 21,6 por ciento. En otras palabras, hoy más de la mitad del gasto de la ANSES no se financia con los aportes de los trabajadores activos, sino con impuestos y transferencias presupuestarias.
El empleo informal como brecha oculta
Detrás de la cifra de 12,4 millones de aportantes se esconde otro problema. En mayo de 2026, solo el 26,9 por ciento de la población total del país realizaba aportes al sistema de seguridad social, frente al 28,2 por ciento de mayo de 2023. Con una población ocupada de unos 22 millones de personas, esto significa que cerca de 9,5 millones de argentinos trabajan en la informalidad y no realizan ningún aporte previsional. Se trata de un problema de fondo, ya que la mitad de los ocupados del país no aporta al sistema y, en el futuro, o se quedará sin jubilación o dependerá de alguna nueva moratoria, lo que inflará aún más la lista de beneficiarios sin una base contributiva que la respalde.
Contexto demográfico: un sistema diseñado para otro país
La proporción actual es el resultado de varios procesos simultáneos que no tienen soluciones rápidas. En primer lugar, el envejecimiento demográfico. En diciembre de 2025, más del 62 por ciento de los autónomos que declaraban aportes tenían entre 40 y 59 años, lo que muestra que la fuerza laboral activa está envejeciendo más rápido de lo que los jóvenes se insertan en el mercado formal. En segundo lugar, la informalidad estructural no cede. Las sucesivas crisis de 2001, 2018, 2020 y 2024 empujaron a los trabajadores hacia la informalidad y achicaron la base de aportantes. En tercer lugar, la expansión de beneficiarios vía moratorias. Cada ola de moratorias, como las de 2005 a 2007, 2014 a 2016 y 2020 a 2025, sumó cientos de miles de nuevos beneficiarios sin un crecimiento proporcional de los aportes.
La situación actual: el fin de la moratoria y sus consecuencias
El gobierno de Milei tomó en 2025 dos decisiones clave que impactan directamente en esta proporción. La primera fue no prorrogar la moratoria. Esto implica que no habrá nuevos jubilados con historiales de aportes incompletos a bajo costo. El crecimiento de la cantidad de beneficiarios se frenará, lo que en teoría debería mejorar la relación. Durante todo 2025, la cantidad de beneficiarios creció en apenas 35.187 personas, el incremento más bajo en muchos años y muy lejos de las cientos de miles que se sumaban anualmente cuando la moratoria estaba vigente. La segunda decisión fue contener el valor real de las jubilaciones. El polémico veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria en 2024 hizo que los haberes crecieran por debajo de la inflación, licuando su valor real sin reducir la cantidad de beneficiarios. Esto permitió mejorar los números fiscales sin resolver el problema estructural.
El balance final: cuántos aportantes sostienen a cada jubilado Los números finales a julio de 2026 son los siguientes. Por cantidad de contribuyentes, los 12,4 millones de aportantes se dividen por los 7,9 millones de beneficiarios del régimen contributivo, lo que da 1,57 aportantes por cada jubilado. Si se divide por todos los beneficiarios de la ANSES, incluyendo los no contributivos, la relación baja a 1,29 a 1. Si se separa a los jubilados con historia contributiva completa, unos 2,8 millones, de los que se jubilaron por moratoria y los no contributivos, unos 6,8 millones, la cuenta cambia. Por cada jubilado con un haber puramente contributivo hay unos 4,4 aportantes reales, lo cual es una proporción normal. Pero por cada beneficiario de moratoria hay apenas 1,8 aportantes financiando una prestación que nunca estuvo respaldada por aportes suficientes. Esta brecha es el déficit estructural crónico del sistema previsional argentino, un desequilibrio que no se cierra con ninguna de las herramientas disponibles. No se soluciona subiendo las alícuotas porque ya son las más altas de la región, ni recortando los haberes porque es políticamente inviable, ni blanqueando a los informales porque es un proceso lento que no se resuelve por decreto.
