España entra en campaña electoral y la vivienda vuelve a poner al Gobierno contra las cuerdas
España ha comenzado su primera semana después del adelanto electoral con una situación bastante peculiar: el Parlamento está disuelto, las elecciones se celebrarán el 29 de noviembre y el Gobierno continúa intentando aprobar las medidas de vivienda que precipitaron precisamente el final de la legislatura.
El martes 6 de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto de disolución del Congreso y del Senado. Comenzó así una cuenta atrás de 54 días hasta las elecciones generales. Las nuevas Cortes deberán constituirse el 23 de diciembre, justo a tiempo para que los diputados puedan estrenar sus escaños antes de Nochebuena.
Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no esperó a que se formara un nuevo Parlamento para volver a intentarlo con la vivienda.
Ese mismo martes, el Consejo de Ministros aprobó de nuevo dos reales decretos similares a los que habían sido rechazados la semana anterior. La estrategia cambió ligeramente: con las Cortes disueltas, los textos pueden someterse a la Diputación Permanente del Congreso, donde la composición de las mayorías resulta más favorable para el Gobierno.
Además, el Ejecutivo anunció una nueva línea de financiación de 10.000 millones de euros para facilitar el acceso a la compra de vivienda.
La decisión provocó críticas de la oposición, que considera que Sánchez está utilizando la crisis habitacional como instrumento electoral. El Gobierno, por su parte, insiste en que no puede dejar sin respuesta una situación que afecta especialmente a jóvenes e inquilinos.
Así que España empieza la campaña con una paradoja: los decretos de vivienda no consiguieron mantener viva la legislatura, pero todavía podrían terminar aprobándose después de su disolución.
La muerte de Maricarmen convierte un desahucio en símbolo nacional
La historia que desencadenó buena parte de esta crisis política tuvo esta semana su desenlace más triste.
Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había sido desahuciada de su vivienda de Madrid a finales de septiembre, falleció después de permanecer hospitalizada tras el desalojo.
Su caso ya había provocado manifestaciones en decenas de ciudades, una acampada en la Puerta del Sol y un enfrentamiento político que terminó contribuyendo a la convocatoria de elecciones anticipadas.
La noticia de su muerte reactivó las movilizaciones.
El Sindicato de Inquilinas organizó una marcha de homenaje y convocó minutos de silencio en distintos puntos de España. Mientras tanto, los partidos volvieron a discutir sobre la responsabilidad de las administraciones, la protección de las personas vulnerables y los límites de la legislación antidesahucios.
Lo ocurrido también ha cambiado el tono de la precampaña.
La vivienda ya no aparece únicamente como una cuestión de precios, oferta o regulación. Se ha convertido en uno de los principales símbolos del enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición.
Y las encuestas muestran que no es un asunto secundario.
Un barómetro de laSexta publicado esta semana señala que el 40% de los encuestados considera la vivienda el tema más importante a la hora de decidir su voto en las elecciones del 29 de noviembre.
En menos de un mes, el debate sobre el alquiler ha pasado de las páginas de economía al centro de la campaña electoral.
Las encuestas dibujan dos Españas políticas bastante diferentes
Con las elecciones ya convocadas, comenzaron a publicarse las primeras estimaciones de voto de la nueva etapa.
Y, como suele ocurrir en España, no todas cuentan exactamente la misma historia.
El promedio de encuestas elaborado por RTVE situaba al Partido Popular alrededor de 137 diputados y a Vox cerca de 65. Juntos sumarían aproximadamente 202 escaños, claramente por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta del Congreso.
Una encuesta de GAD3 publicada el 12 de octubre también apuntaba a una mayoría de PP y Vox, aunque con un reparto diferente: 198 diputados entre ambas formaciones.
Sin embargo, el barómetro del CIS difundido esta semana ofrecía una lectura distinta, al situar al PSOE como primera fuerza en estimación de voto, aunque también contemplaba una mayoría parlamentaria de PP y Vox.
Estas diferencias recuerdan algo importante: una encuesta no es un resultado electoral.
Los estudios utilizan muestras, fechas de campo y modelos de estimación distintos. Además, en España los votos no se convierten directamente en diputados mediante una única circunscripción nacional.
Los 350 escaños se reparten entre 52 circunscripciones, y un pequeño movimiento de votos en determinadas provincias puede cambiar el resultado de varios partidos.
Por ahora, el dato común es que la mayoría de las estimaciones sitúa a PP y Vox en una posición favorable para formar gobierno.
Pero todavía faltan casi siete semanas para votar.
Y después de la velocidad con la que ha cambiado la política española durante las últimas dos semanas, siete semanas parecen bastante tiempo.
El CIS pone cifras al malestar por la vivienda
En medio de esta discusión política apareció uno de los estudios estadísticos más relevantes de la semana.
El Centro de Investigaciones Sociológicas publicó el jueves su Barómetro de Vivienda 2026, elaborado junto al Ministerio de Vivienda a partir de 6.019 entrevistas realizadas en junio.
Los resultados muestran hasta qué punto el problema habitacional se ha convertido en una preocupación extendida.
El 86,9% de los encuestados afirma estar muy o bastante preocupado por la situación de la vivienda en España.
El 91,4% considera que las administraciones deberían construir más vivienda pública y el 76,3% cree que el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario para garantizar el acceso.
Además, el 79% opina que la política pública debería priorizar el derecho constitucional a la vivienda frente a su consideración como bien de mercado.
Pero hay otro dato que resulta especialmente interesante.
Casi el 94% de los participantes asegura que preferiría vivir en una vivienda en propiedad.
Es decir, los españoles reclaman mayor intervención pública, pero siguen mostrando una preferencia muy clara por ser propietarios de su casa.
La encuesta también revela diferencias sobre hasta dónde debería llegar esa intervención. Aproximadamente el 40% apoya expropiar viviendas vacías, mientras que una mayoría se opone a esa medida concreta.
El estudio se realizó meses antes de las protestas de septiembre y octubre. Por tanto, sus resultados no son simplemente una reacción emocional al caso de Maricarmen ni a la convocatoria electoral.
La preocupación ya estaba ahí.
Lo que ha cambiado durante las últimas semanas es que ahora ocupa el centro de la política nacional.
La economía resiste, pero la incertidumbre política preocupa
La campaña electoral comienza con una situación económica que no encaja del todo con la imagen de crisis política.
España mantiene un mercado laboral en niveles históricamente elevados y continúa mostrando una actividad económica relativamente sólida.
Sin embargo, la inflación ha vuelto a acercarse al 5% y la incertidumbre parlamentaria empieza a preocupar a quienes observan la economía española desde fuera.
Esta semana, la agencia de calificación Scope Ratings señaló que España llega a las elecciones del 29 de noviembre con una economía sólida, pero advirtió de que el principal riesgo para su perfil crediticio procede precisamente de la política.
La posibilidad de un nuevo bloqueo parlamentario podría dificultar la aprobación de reformas y complicar la continuidad de determinadas políticas económicas.
Es una distinción importante.
Una economía puede seguir creciendo mientras su sistema político atraviesa una etapa de inestabilidad.
Pero si esa inestabilidad se prolonga, termina afectando a decisiones de inversión, presupuestos y reformas.
España llega así a las elecciones con una combinación poco habitual: indicadores de empleo favorables, precios todavía elevados y una incertidumbre considerable sobre quién gobernará después del 29 de noviembre.
El 12 de octubre también se convierte en un acto de precampaña
La semana terminó este lunes con la celebración del Día de la Fiesta Nacional.
Los reyes Felipe VI y Letizia presidieron en Madrid el tradicional desfile militar, en el que participaron unos 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas y otras instituciones.
La parada incluyó 82 aeronaves y la presentación de vehículos blindados Dragón, que participaron por primera vez en el desfile.
Sin embargo, una parte importante de la atención se concentró en las tribunas políticas.
Pedro Sánchez fue recibido con abucheos y silbidos de algunos asistentes, una escena que se ha repetido en anteriores celebraciones, pero que este año adquirió especial significado por la proximidad de las elecciones generales.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso llegó a presentar la jornada como el último 12 de octubre de Sánchez al frente del Gobierno, una previsión política que, naturalmente, dependerá del resultado de las urnas.
También hubo una ausencia significativa.
Santiago Abascal no asistió al desfile porque viajó a Ceuta, donde Vox continúa utilizando la crisis migratoria de los últimos meses como uno de los principales asuntos de su discurso político.
Y hasta la Puerta del Sol, donde sigue presente la protesta por la vivienda, llegó la tensión del día. La Policía tuvo que separar a un grupo de personas con banderas españolas de los participantes en la acampada para evitar un enfrentamiento.
Así que incluso la Fiesta Nacional terminó reflejando las dos grandes preocupaciones que han marcado la actualidad reciente: la vivienda y la inmigración.
España tiene 48 días para decidir
La semana comenzó con la publicación oficial de la convocatoria electoral y terminó con los líderes políticos utilizando prácticamente cualquier escenario para presentar sus posiciones antes del 29 de noviembre.
En medio quedaron dos nuevos decretos de vivienda, la muerte de Maricarmen Abascal, un barómetro del CIS que muestra un respaldo mayoritario a la construcción de vivienda pública y las primeras encuestas de una campaña que todavía no ha comenzado oficialmente.
La economía, mientras tanto, sigue funcionando, aunque las agencias de calificación ya observan con atención el riesgo de que el bloqueo político continúe después de las elecciones.
España no ha resuelto todavía el problema que provocó el adelanto electoral.
Tampoco sabe quién gobernará dentro de dos meses.
Pero esta semana ha quedado bastante claro sobre qué asunto tendrán que hablar todos los partidos, quieran o no: la vivienda.
Y el calendario ya está en marcha.
El 29 de noviembre, los españoles volverán a votar. Esta vez, con la posibilidad de que el precio de tener un techo pese tanto como cualquier promesa electoral.
