España ha vivido una semana en la que las preocupaciones habituales por la vivienda, los salarios y las elecciones han tenido que compartir espacio con una nueva emergencia meteorológica. Mientras los partidos preparan las elecciones generales del 29 de noviembre, el Mediterráneo vuelve a sufrir inundaciones, el Fondo Monetario Internacional advierte de que la economía española crecerá más que la europea, pero también tendrá más inflación, y los sindicatos preparan una huelga general por el acceso a la vivienda.
La semana también ha dejado una visita histórica de los reyes a Ceuta y Melilla, un nuevo capítulo judicial relacionado con Cataluña y una pregunta cada vez más presente en el debate electoral: ¿de qué sirve que la economía crezca si una parte importante de la población sigue teniendo dificultades para pagar una casa?
La dana Adam vuelve a poner al Mediterráneo en alerta
La semana terminó con una situación de emergencia en el este de España.
La dana Adam, un episodio de lluvias torrenciales de alto impacto, comenzó a afectar gravemente al litoral mediterráneo durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre. Las precipitaciones provocaron inundaciones, cortes de carreteras y actuaciones de los servicios de emergencia, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
En Cataluña se confirmó la muerte de una mujer a consecuencia del temporal. El lunes 19, la situación empeoró en territorio valenciano, donde las autoridades ordenaron el confinamiento de 145 municipios de las provincias de Valencia y Alicante ante el riesgo de nuevas inundaciones.
A lo largo de la jornada se confirmó que el temporal había dejado al menos tres fallecidos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en las zonas afectadas.
La Unidad Militar de Emergencias movilizó efectivos para colaborar con las autoridades autonómicas, y la Agencia Estatal de Meteorología mantuvo avisos de máxima gravedad en distintas zonas del Mediterráneo.
El episodio vuelve a colocar a la Comunidad Valenciana en una situación especialmente delicada. Las lluvias torrenciales no son un fenómeno nuevo en la región, pero la combinación de precipitaciones muy intensas, urbanización de zonas inundables y concentración de población convierte estos episodios en emergencias de enorme impacto.
También aparece una cuestión que España lleva años discutiendo: cómo adaptar las ciudades, las infraestructuras y los sistemas de protección civil a fenómenos meteorológicos extremos.
La respuesta no depende únicamente de predecir cuándo va a llover. También depende de dónde se construye, cómo se gestionan los cauces y cuánto tiempo necesitan las autoridades para proteger a la población.
El FMI mejora las perspectivas de España, pero advierte sobre la inflación
Mientras la política española atraviesa una etapa de incertidumbre, las previsiones económicas internacionales siguen mostrando una situación relativamente favorable para el país.
El martes 13 de octubre, el Fondo Monetario Internacional publicó una nueva actualización de sus perspectivas económicas mundiales.
Según el organismo, el producto interior bruto español crecerá un 2,5% en 2026, una tasa superior a la prevista para el conjunto de la zona euro.
España continuaría así entre las economías avanzadas con mayor crecimiento durante este año.
Sin embargo, el informe también señala un problema importante.
La inflación española será superior a la media de los países que comparten el euro.
En otras palabras, la economía crece con fuerza, pero los precios también lo hacen.
Esta combinación tiene consecuencias políticas y sociales evidentes.
El crecimiento del PIB puede reflejar una mayor actividad empresarial, más empleo y un aumento de la producción. Pero no garantiza que todos los hogares experimenten una mejora equivalente en su poder adquisitivo.
Para una familia que destina una parte importante de sus ingresos al alquiler, la alimentación o la energía, la evolución de los precios puede ser mucho más visible que el crecimiento agregado de la economía.
El informe del FMI llega además en plena precampaña electoral, cuando el Gobierno y la oposición intentan presentar interpretaciones diferentes de la situación económica.
El Ejecutivo puede señalar que España crece más que sus principales socios europeos.
La oposición puede recordar que ese crecimiento convive con una inflación elevada y dificultades persistentes para acceder a la vivienda.
Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Y precisamente ahí se encuentra una de las contradicciones más importantes de la economía española actual.
Las pensiones entran en la campaña electoral
La discusión económica de la semana no se limitó a los precios y al crecimiento.
El miércoles 14 de octubre, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aclarara cuál sería su política de pensiones si ganara las elecciones del 29 de noviembre.
El Gobierno acusa a la oposición de mantener mensajes contradictorios sobre la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo.
La cuestión tiene una importancia considerable.
España cuenta con millones de pensionistas cuyos ingresos dependen, en buena medida, de las decisiones públicas sobre las prestaciones.
Cuando los precios aumentan, una pensión que permanece congelada pierde poder adquisitivo. Por eso la actualización conforme al IPC se ha convertido en una de las principales garantías defendidas por el actual sistema.
Pero también existe un debate sobre el coste futuro de las pensiones, especialmente en un país cuya población envejece y donde la esperanza de vida continúa aumentando.
La oposición insiste en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, mientras el Gobierno presenta la protección del poder adquisitivo de los pensionistas como una prioridad.
En plena campaña, la discusión adquiere una dimensión adicional.
Los pensionistas constituyen uno de los grupos de votantes más numerosos del país.
Y cualquier propuesta relacionada con sus ingresos puede tener consecuencias electorales importantes.
La vivienda prepara una huelga general para el 11 de noviembre
La crisis de la vivienda continúa marcando la agenda política española, pero esta semana el protagonismo ha comenzado a desplazarse desde el Parlamento hacia los sindicatos y las organizaciones sociales.
Diversas organizaciones sindicales y colectivos de inquilinos han impulsado una convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre.
Entre las organizaciones participantes figuran CCOO, UGT, CGT, CNT y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto con otras entidades.
El objetivo declarado es reclamar políticas de vivienda que garanticen un acceso más asequible al alquiler y a la propiedad, así como salarios suficientes para cubrir el coste de vida.
La fecha no es casual.
La huelga está prevista para poco más de dos semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Eso significa que las movilizaciones podrían coincidir con el momento de mayor intensidad de la campaña electoral.
La vivienda ya había provocado protestas masivas durante septiembre y octubre, especialmente después del desahucio de Maricarmen Abascal, cuya muerte desencadenó una fuerte reacción social.
Ahora las organizaciones convocantes intentan transformar ese malestar en una movilización de mayor alcance.
El problema de fondo sigue siendo el mismo.
En numerosas ciudades españolas, los salarios no han crecido al mismo ritmo que los alquileres de mercado, y una parte importante de los jóvenes y trabajadores encuentra dificultades para acceder a una vivienda independiente.
Pero la discusión también incluye diferencias sobre las soluciones.
Las organizaciones de inquilinos reclaman mayor intervención pública y protección frente a los desahucios y los incrementos de renta.
Las asociaciones de propietarios advierten de que determinadas medidas pueden reducir la oferta disponible y aumentar la inseguridad jurídica.
La huelga del 11 de noviembre pondrá a prueba la capacidad de movilización de quienes consideran que el problema de la vivienda exige cambios más profundos.
Y llegará cuando los partidos estén intentando convencer a esos mismos ciudadanos de que sus programas ofrecen una solución.
Los reyes visitan Ceuta y Melilla en un momento especialmente delicado
El martes 13 y el miércoles 14 de octubre, Felipe VI y Letizia realizaron una visita histórica a Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África.
Era la primera visita de los actuales monarcas a ambas ciudades y la primera de un jefe del Estado español desde 2007.
El viaje se produjo apenas dos meses y medio después de la crisis migratoria de finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta desde Marruecos, provocando una situación humanitaria y política extraordinaria.
Durante su estancia en Ceuta, los reyes se reunieron con las autoridades locales y participaron en un homenaje a los migrantes fallecidos en el mar.
Felipe VI insistió en que España no abandonará a los habitantes de la ciudad y defendió que quienes hayan entrado irregularmente deben regresar a sus países de origen conforme a la legislación aplicable, pero siempre con un trato digno y humano mientras permanezcan en territorio español.
Al día siguiente, en Melilla, el monarca también habló de la relación con Marruecos.
Defendió la necesidad de mantener una cooperación basada en la confianza, la responsabilidad y la buena fe, al tiempo que recordó que la seguridad de las fronteras españolas forma parte de la seguridad de la Unión Europea.
El mensaje tenía una dimensión diplomática evidente.
Marruecos mantiene sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, mientras España considera que ambas ciudades forman parte indiscutible de su territorio.
El Gobierno marroquí mantuvo un perfil público discreto durante la visita, aunque algunos medios próximos a sus posiciones oficiales expresaron críticas.
Más allá del simbolismo, el viaje recordó que la situación de Ceuta continúa sin resolverse completamente.
La gestión de las personas que entraron durante la crisis, la presión sobre los servicios públicos y las relaciones con Marruecos siguen siendo asuntos importantes para el Gobierno español.
La amnistía de Puigdemont vuelve a cambiar el escenario político
La semana terminó también con una decisión judicial de gran importancia para la política catalana y española.
El lunes 19 de octubre, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmó la retirada de las órdenes nacionales de búsqueda y detención contra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña.
La decisión se produjo después de que el Tribunal Constitucional estableciera una doctrina favorable a la aplicación de la amnistía al delito de malversación en determinadas circunstancias.
Llarena aceptó aplicar ese criterio al caso de Puigdemont, aunque expresó críticas hacia algunos argumentos del Constitucional.
El movimiento judicial acerca el final de uno de los procedimientos más importantes derivados del proceso independentista catalán.
También tiene consecuencias políticas.
Puigdemont continúa siendo una figura central del independentismo catalán, y la situación judicial del expresidente ha condicionado durante años las relaciones entre Junts y los distintos gobiernos españoles.
La resolución llega, además, en plena precampaña electoral.
Para los defensores de la amnistía, representa un avance hacia el cierre de los conflictos judiciales relacionados con el proceso independentista.
Para sus críticos, plantea dudas sobre la responsabilidad penal de los dirigentes implicados y sobre el papel de las instituciones judiciales.
La decisión no pone fin automáticamente a todos los debates políticos sobre el independentismo.
Pero sí modifica de manera importante la situación jurídica de uno de sus principales protagonistas.
Una semana entre el crecimiento económico y las emergencias
España llega al 19 de octubre con dos realidades que parecen avanzar a velocidades diferentes.
Por un lado, los organismos internacionales siguen pronosticando un crecimiento económico relativamente fuerte. El FMI espera que España crezca un 2,5% en 2026, por encima de la zona euro.
Por otro, la inflación, los problemas de acceso a la vivienda y la incertidumbre electoral continúan condicionando la vida cotidiana de millones de personas.
A ello se suma la emergencia provocada por la dana Adam, que vuelve a recordar la vulnerabilidad de numerosas localidades mediterráneas frente a las lluvias extremas.
La visita de los reyes a Ceuta y Melilla también ha demostrado que las consecuencias de la crisis migratoria del verano siguen presentes, mientras que la decisión judicial sobre Puigdemont reabre un asunto que ha marcado la política española durante casi una década.
Y, por encima de todo, el calendario electoral sigue avanzando.
Quedan menos de seis semanas para las elecciones del 29 de noviembre.
Antes llegará la huelga general convocada para el 11 de noviembre, que promete volver a situar la vivienda en el centro del debate nacional.
España puede crecer más que sus vecinos europeos, celebrar elecciones anticipadas y afrontar nuevas emergencias al mismo tiempo.
Pero la pregunta que sigue sin resolverse es bastante más cotidiana.
Cómo conseguir que esa prosperidad económica se traduzca en una vida más asequible para quienes trabajan, pagan un alquiler y esperan llegar a fin de mes.
