En España, el peso del empleo público cambia mucho dependiendo de dónde vivamos.
En algunas comunidades autónomas, los trabajadores de las administraciones representan una parte especialmente importante del mercado laboral. En otras, su presencia es proporcionalmente mucho menor, aunque concentren miles de funcionarios, profesores, médicos, policías y empleados de organismos públicos.
La diferencia tiene bastante que ver con la estructura económica de cada territorio.
No es lo mismo una comunidad con una gran concentración de empresas privadas, turismo e industria que otra con una población envejecida, muchos municipios pequeños y una economía donde los servicios públicos desempeñan un papel fundamental.
Pero ¿dónde hay realmente más empleados públicos por habitante?
En Tucán hemos analizado la distribución territorial del personal de las administraciones públicas españolas y su relación con la población de cada comunidad autónoma.
La conclusión más interesante es que las regiones con más funcionarios en números absolutos no son necesariamente aquellas donde el empleo público tiene mayor presencia proporcional.
Y que el mapa de la Administración española se parece bastante poco al mapa de su población.
España tiene alrededor de tres millones de empleados públicos
Cuando hablamos de funcionarios, solemos imaginar a una persona trabajando detrás de una ventanilla de una administración.
Pero el empleo público español es mucho más amplio.
Incluye a profesores de colegios e institutos públicos, médicos y enfermeros de la sanidad pública, policías, militares, personal de justicia, trabajadores de ayuntamientos, empleados administrativos y profesionales de numerosos organismos públicos.
Además, no todos tienen la condición jurídica de funcionario.
Una parte del personal trabaja con contratos laborales, nombramientos temporales u otras modalidades de vinculación con la Administración.
Por eso, para comparar territorios, resulta más adecuado utilizar el concepto de empleados públicos que limitarse exclusivamente a los funcionarios de carrera.
Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, España cuenta con alrededor de tres millones de empleados públicos.
La mayor parte trabaja para las comunidades autónomas, responsables de servicios tan importantes como la educación y la sanidad.
Otra parte depende de las administraciones locales, mientras que la Administración General del Estado y sus organismos representan una proporción menor.
Esta distribución es fundamental para entender el mapa territorial.
Una comunidad autónoma puede tener muchos empleados públicos no porque disponga de una burocracia especialmente grande, sino porque gestiona hospitales, centros de salud, colegios, institutos y otros servicios utilizados diariamente por millones de personas.
Contar funcionarios no es lo mismo que medir su peso
Madrid, Cataluña y Andalucía figuran entre los territorios que concentran más empleados públicos en términos absolutos.
Es lógico.
Son comunidades con poblaciones numerosas, grandes redes sanitarias y educativas y una actividad administrativa considerable.
Pero si queremos saber dónde existe una mayor presencia de empleo público, contar trabajadores no es suficiente.
Necesitamos relacionarlos con la población.
Una comunidad con 200.000 empleados públicos y dos millones de habitantes tendría diez trabajadores públicos por cada cien residentes.
Otra con 300.000 empleados públicos y seis millones de habitantes tendría solamente cinco.
Aunque la segunda cuenta con más trabajadores públicos, su presencia proporcional sería la mitad.
Por eso el indicador más útil para este estudio es el número de empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
Esta medida permite comparar comunidades de tamaños muy diferentes sin que las regiones más pobladas aparezcan automáticamente en los primeros puestos.
También tiene limitaciones: no mide el número de funcionarios por trabajador ocupado, ni la calidad de los servicios, ni su productividad.
Pero permite responder a una pregunta bastante concreta.
¿Cuántas personas trabajan para las administraciones públicas en relación con el tamaño de la población de cada territorio?
Extremadura encabeza el mapa del empleo público
Los datos correspondientes al 1 de enero de 2026 muestran que Extremadura es la comunidad autónoma con mayor número de empleados públicos por habitante.
En su territorio trabajan aproximadamente 96.200 empleados públicos, lo que equivale a 91,5 por cada 1.000 residentes.
En otras palabras, por cada cien habitantes de Extremadura hay algo más de nueve personas empleadas en alguna administración pública.
Es una proporción considerablemente superior a la media española, que se sitúa alrededor de 62,5 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
Eso significa que Extremadura tiene aproximadamente un 46% más de empleados públicos por habitante que el conjunto del país.
La diferencia es especialmente llamativa si la comparamos con Cataluña, la comunidad que presenta la menor proporción.
Mientras Extremadura registra 91,5 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, Cataluña tiene 47,4.
Prácticamente la mitad.
La comparación no significa que los extremeños reciban el doble de servicios públicos ni que sus administraciones funcionen mejor o peor.
Pero sí revela que el empleo público ocupa una posición muy diferente en la estructura territorial de ambas comunidades.
Aragón y Castilla y León completan los primeros puestos
Después de Extremadura aparece Aragón, con aproximadamente 80,5 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
La comunidad cuenta con unos 109.400 trabajadores de las administraciones públicas.
En tercer lugar se encuentra Castilla y León, con 76,2 empleados públicos por cada 1.000 habitantes y aproximadamente 182.800 efectivos.
Las tres comunidades comparten algunas características.
Tienen extensos territorios, numerosos municipios pequeños y zonas donde la densidad de población es relativamente baja.
En estas condiciones, organizar determinados servicios públicos puede requerir una estructura territorial amplia.
Un colegio, un centro de salud o una oficina administrativa necesitan personal aunque atiendan a una población reducida.
Y cuando los habitantes se distribuyen entre muchos municipios, no siempre es posible concentrar todos los servicios en una única localidad.
Esto ayuda a entender por qué algunas comunidades poco pobladas presentan tasas elevadas de empleo público por habitante.
Pero no es la única explicación.
También influyen las competencias de cada administración, la organización de los servicios sanitarios y educativos, la presencia de instalaciones militares y otros organismos estatales y las diferencias en los modelos de gestión.
Por eso dos comunidades con características demográficas similares pueden registrar cifras bastante distintas.
Navarra, Canarias y Castilla-La Mancha también superan la media
Por debajo de las tres primeras aparecen Navarra, con 69 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, Canarias, con 68,9, y Castilla-La Mancha, también con aproximadamente 68,9.
Asturias se sitúa muy cerca, con 68,8.
La Rioja alcanza los 67,4, Cantabria los 67 y el País Vasco los 66,1.
Todas estas comunidades superan la referencia nacional.
Sin embargo, las razones no tienen por qué ser las mismas.
En Navarra y el País Vasco influyen sus estructuras institucionales y competencias propias, aunque el indicador utilizado aquí no mide directamente el gasto de esas administraciones.
En Canarias, la insularidad introduce necesidades específicas de organización territorial.
Y en Castilla-La Mancha, como ocurre en Castilla y León, la dispersión geográfica de la población puede dificultar la concentración de determinados servicios.
La cifra por habitante resume el resultado de todas esas circunstancias, pero no permite separar automáticamente cuánto corresponde a cada una.
Precisamente por eso conviene interpretar el mapa como una descripción de dónde trabaja el personal público, no como una clasificación de eficiencia administrativa.
Cataluña tiene la menor proporción de empleados públicos
En el extremo contrario encontramos Cataluña.
Con aproximadamente 386.100 empleados públicos y una población superior a ocho millones de habitantes, registra 47,4 trabajadores de las administraciones por cada 1.000 residentes.
Es la cifra más baja entre las comunidades autónomas españolas.
La Comunitat Valenciana ocupa la siguiente posición, con 52,9 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
Después aparecen Baleares, con 60,1, y Andalucía, con 62,8.
La diferencia entre Cataluña y Extremadura es especialmente significativa.
Por cada 1.000 habitantes, Extremadura tiene aproximadamente 44 empleados públicos más.
Pero sería incorrecto concluir que Cataluña dispone necesariamente de menos servicios públicos.
Una parte de la explicación puede encontrarse en la manera de organizar y prestar esos servicios.
Por ejemplo, la sanidad catalana cuenta con una red de entidades proveedoras que incluye organizaciones de titularidad y naturaleza jurídica diversas, integradas en el sistema sanitario de utilización pública.
El personal de algunas de esas entidades no aparece necesariamente clasificado como empleado de las administraciones públicas en el registro utilizado para este estudio.
Por tanto, una comunidad puede financiar servicios públicos prestados por organizaciones cuyo personal no figura en las estadísticas de empleo administrativo.
Esto introduce una diferencia importante entre medir empleados públicos y medir todas las personas que trabajan en servicios financiados con dinero público.
Son conceptos relacionados, pero no idénticos.
Madrid tiene muchos empleados públicos, pero no lidera por habitante
La Comunidad de Madrid ofrece uno de los ejemplos más interesantes de la diferencia entre números absolutos y proporciones.
En enero de 2026 contaba con aproximadamente 457.000 empleados públicos.
Es una de las mayores concentraciones de personal administrativo de España.
Pero al relacionar esa cifra con sus habitantes, el resultado es de unos 64 empleados públicos por cada 1.000 residentes.
Madrid queda así relativamente cerca de la media nacional y muy por debajo de Extremadura, Aragón o Castilla y León.
Además, presenta una característica particular.
Al ser la capital de España, concentra numerosos organismos de la Administración General del Estado, ministerios, instituciones y servicios de ámbito nacional.
Aproximadamente el 36% del empleo público registrado en la Comunidad de Madrid corresponde a la Administración estatal.
Es una proporción considerablemente superior a la de muchas otras comunidades.
Y eso significa que una parte importante de los empleados públicos que trabajan en Madrid presta servicios destinados al conjunto del país, no exclusivamente a los residentes madrileños.
Un funcionario que trabaja en un ministerio situado en Madrid puede ocuparse de políticas que afectan a millones de españoles que viven en otras comunidades.
Por tanto, asignar todo ese personal a la población madrileña sirve para describir su ubicación laboral, pero no para medir cuántos trabajadores públicos atienden directamente a los ciudadanos de Madrid.
Andalucía tiene más empleados públicos que ninguna otra comunidad
Si dejamos de mirar las tasas por habitante y observamos las cifras absolutas, el mapa cambia completamente.
Andalucía encabeza la clasificación con aproximadamente 544.200 empleados públicos.
La Comunidad de Madrid aparece después, con unos 457.000.
Cataluña ocupa el siguiente puesto, con aproximadamente 386.100.
La Comunitat Valenciana reúne unos 286.400.
Estas cuatro comunidades concentran una parte muy importante del personal público español.
Pero ninguna lidera la clasificación por habitante.
Andalucía, por ejemplo, registra unos 62,8 empleados públicos por cada 1.000 residentes, una cifra cercana a la media nacional.
La explicación es sencilla: también es la comunidad autónoma más poblada de España.
Tener muchos empleados públicos no implica necesariamente tener una Administración proporcionalmente grande.
Del mismo modo, una comunidad pequeña puede tener pocos trabajadores públicos en términos absolutos y ocupar los primeros puestos cuando los relacionamos con su población.
Extremadura, con unos 96.200 empleados públicos, tiene menos de una quinta parte de los efectivos de Andalucía.
Sin embargo, su tasa por habitante es considerablemente superior.
Son dos formas diferentes de observar la misma realidad.
Ceuta y Melilla presentan cifras todavía más elevadas
Aunque no son comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla merecen una mención especial.
Ceuta registra aproximadamente 121,7 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
Melilla alcanza los 120,2.
Ambas superan ampliamente incluso a Extremadura.
Pero estas cifras requieren especial cautela.
Ceuta y Melilla son territorios pequeños, fronterizos y con una presencia significativa de personal militar, policial y de otros servicios estatales.
Además, determinadas competencias administrativas se organizan de manera diferente a las de las comunidades autónomas.
Eso hace que la proporción de empleados públicos respecto a la población residente sea especialmente elevada.
En Ceuta, el número total de efectivos registrados ronda los 10.200.
En Melilla, aproximadamente 10.400.
Son cantidades pequeñas en comparación con las grandes comunidades, pero muy importantes en relación con su población.
Por eso, cuando elaboramos una clasificación de las 17 comunidades autónomas, Extremadura ocupa el primer puesto.
Si incorporamos también las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla aparecen por delante.
Casi dos de cada tres empleados públicos dependen de las comunidades autónomas
Para comprender estas diferencias territoriales hay que observar cómo se distribuye el empleo público entre las administraciones.
A comienzos de 2026, España contaba con 3.071.725 empleados públicos registrados.
De ellos, aproximadamente 1,93 millones trabajaban para las administraciones autonómicas.
Otros 595.000 dependían de ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales.
Y alrededor de 547.000 correspondían a la Administración estatal.
Eso significa que casi el 63% del empleo público registrado depende de las comunidades autónomas.
La razón principal es que las autonomías gestionan dos de los servicios públicos que más personal necesitan: la sanidad y la educación.
En enero de 2026, la sanidad de las comunidades autónomas reunía aproximadamente 723.000 empleados.
La enseñanza no universitaria sumaba otros 708.000.
Entre ambos sectores concentraban alrededor de 1,43 millones de trabajadores, casi la mitad de todo el empleo público registrado en España.
Por tanto, cuando hablamos de diferencias regionales en el número de empleados públicos, estamos hablando en gran medida de diferencias en la organización territorial de hospitales, centros de salud, colegios e institutos.
No solamente de funcionarios administrativos.
Un hospital puede explicar más que cien oficinas
Imaginemos dos territorios con poblaciones similares.
En el primero, la mayoría de los servicios sanitarios se presta directamente mediante personal contratado por la administración autonómica.
En el segundo, una parte de esos servicios se organiza mediante entidades públicas empresariales, consorcios, fundaciones u organizaciones proveedoras de distinta naturaleza jurídica.
Ambos territorios pueden ofrecer servicios sanitarios financiados con recursos públicos.
Sin embargo, sus trabajadores no necesariamente aparecerán de la misma manera en una estadística de personal administrativo.
Algo parecido ocurre con la educación concertada.
Un profesor de un colegio público forma parte del empleo público registrado si depende de la administración correspondiente.
Un profesor de un centro concertado puede impartir enseñanza financiada con fondos públicos, pero no por ello se convierte automáticamente en empleado público.
Estas diferencias importan mucho cuando comparamos comunidades autónomas.
Una tasa baja de empleados públicos no demuestra por sí sola que una comunidad gaste poco en servicios públicos.
Y una tasa elevada tampoco demuestra que esos servicios sean más caros o estén mejor dotados.
Para responder a esas preguntas habría que analizar también el gasto por habitante, el número de profesionales por usuario, las características de la población y los resultados de cada servicio.
¿Tener más empleados públicos significa tener mejores servicios?
La pregunta parece lógica.
Si una comunidad tiene más trabajadores públicos por habitante, ¿sus ciudadanos reciben una mejor atención?
No necesariamente.
Una plantilla numerosa puede contribuir a reducir tiempos de espera, mejorar la atención sanitaria o mantener servicios en municipios pequeños.
Pero también puede reflejar una población más envejecida, mayores necesidades territoriales o una estructura administrativa diferente.
Además, no todos los empleados públicos prestan servicios directamente a los residentes.
Algunos trabajan en organismos estatales, instalaciones militares, instituciones de ámbito nacional o tareas administrativas que no pueden asociarse de manera sencilla a un número concreto de usuarios.
Para evaluar la sanidad, por ejemplo, sería más útil comparar médicos y enfermeros por población atendida, listas de espera, actividad asistencial y resultados sanitarios.
En educación, habría que observar ratios de alumnos por profesor, distribución territorial de centros, necesidades educativas y resultados académicos.
El número total de empleados públicos por habitante es un buen punto de partida.
Pero no puede sustituir a una evaluación de los servicios.
El empleo público también refleja la estructura económica
Existe otra razón por la que el mapa del empleo público es tan desigual.
No todas las comunidades autónomas tienen el mismo tejido productivo.
En territorios con una presencia importante de grandes empresas privadas, industria, servicios empresariales y turismo, el empleo público puede representar una proporción menor del mercado laboral.
En regiones con menor actividad privada, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden tener un peso económico relativamente mayor.
Esto es especialmente relevante en comunidades como Extremadura.
El empleo público no solamente proporciona servicios a los ciudadanos.
También genera salarios, consumo y estabilidad laboral en territorios donde las oportunidades del sector privado pueden ser más limitadas.
Sin embargo, conviene distinguir dos indicadores.
Uno es el número de empleados públicos por habitante, que utilizamos en este estudio.
Otro es el porcentaje de trabajadores ocupados que pertenece al sector público.
No son equivalentes.
Una comunidad con muchos jubilados y pocos trabajadores activos puede registrar una tasa elevada de empleados públicos por habitante sin que eso describa exactamente el peso del sector público entre sus ocupados.
Por tanto, para analizar la dependencia económica del empleo público, sería necesario complementar este mapa con los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa del INE.
¿Está creciendo el empleo público español?
Las cifras nacionales muestran que el número de empleados públicos ha aumentado durante las últimas décadas.
En 2002, el registro contabilizaba aproximadamente 2,3 millones de efectivos.
En enero de 2026 superaba los 3,07 millones.
La diferencia es de unos 776.000 trabajadores.
Pero esta evolución debe interpretarse con precaución.
Durante ese periodo también cambió la población española, aumentaron las necesidades sanitarias y educativas y se modificaron los sistemas de registro estadístico.
De hecho, desde 2023 se incorporaron determinadas categorías de personal que anteriormente no se contabilizaban de la misma manera, incluidos contratos de corta duración y personal en formación.
Eso significa que una parte del incremento observado responde a cambios metodológicos, no necesariamente a nuevas contrataciones.
Además, el crecimiento ha sido muy diferente según la administración.
El empleo autonómico ha aumentado de manera considerable, mientras que el número de efectivos estatales ha evolucionado de forma mucho más contenida.
Esta transformación está relacionada con el desarrollo del Estado autonómico y la importancia creciente de los servicios gestionados por las comunidades.
Por tanto, no basta con observar que hoy existen más empleados públicos que hace veinte años.
También hay que preguntarse dónde trabajan, qué funciones desempeñan y cómo ha cambiado la población a la que atienden.
España no tiene un único modelo de empleo público
Los datos de enero de 2026 muestran un país con diferencias territoriales considerables.
Extremadura encabeza la clasificación de comunidades autónomas, con 91,5 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
Le siguen Aragón, con 80,5, y Castilla y León, con 76,2.
En el extremo contrario aparece Cataluña, con 47,4, seguida de la Comunitat Valenciana, con 52,9.
La diferencia entre los extremos es de casi el doble.
Mientras tanto, Andalucía reúne el mayor número absoluto de empleados públicos, pero su proporción respecto a la población se mantiene cerca de la media española.
Y Madrid concentra cientos de miles de trabajadores de las administraciones, aunque una parte importante desempeña funciones estatales que afectan al conjunto del país.
El mapa revela, en definitiva, que el empleo público español no se distribuye de manera uniforme.
Influyen la población, el territorio, la estructura económica, las competencias administrativas y la forma en que se prestan los servicios.
Pero también deja una conclusión importante.
Contar funcionarios no es lo mismo que medir el tamaño del Estado, y medir el tamaño del Estado no es lo mismo que evaluar su funcionamiento.
Una comunidad puede tener más empleados públicos por habitante porque necesita mantener servicios en un territorio disperso.
Otra puede registrar menos porque utiliza un modelo de prestación diferente.
Y una tercera puede concentrar numerosos trabajadores que prestan servicios a ciudadanos de todo el país.
Por eso, antes de preguntar si España tiene demasiados o demasiado pocos funcionarios, quizá convenga hacerse otra pregunta.
¿Dónde están trabajando y qué servicios recibe la población a cambio?
