El estudio se basa en dos fuentes principales. La primera son los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía para diciembre de 2024, que consideran únicamente a los empleados públicos provinciales (sin incluir los nacionales ni los municipales). La segunda es el ranking de la Fundación Mediterránea, publicado por Infobae en mayo de 2026, que abarca todos los niveles del sector público por provincia. Para mantener uniformidad en la comparación a lo largo del artículo, se utiliza el indicador “ocupados en el sector público por cada 1.000 habitantes”, un estándar internacional ampliamente aceptado; para convertirlo a “por cada 100 habitantes”, simplemente se divide entre 10. Según esta metodología, el promedio nacional para el nivel provincial es de 50 trabajadores por cada 1.000 habitantes, es decir, 5 por cada 100 personas de la población. Pero este promedio es uno de los indicadores menos útiles en la estadística argentina, porque la dispersión a su alrededor es enormemente amplia.
El polo superior: provincias patagónicas y los “enanos” del norte
Tierra del Fuego encabeza el ranking nacional con 130 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes, lo que equivale a 13 por cada 100 personas. Le siguen La Rioja (111 a 114 por 1.000, según la fuente y el año), Catamarca (100 a 106), Neuquén (105 a 111) y Santa Cruz (104 a 118). Si se toma el ranking de la Fundación Mediterránea para el primer trimestre de 2026, Tierra del Fuego muestra 141 trabajadores del sector público por cada 1.000 habitantes, más de cuatro veces el indicador de Córdoba. Traduciéndolo a la métrica habitual “por cada 100 habitantes”: en Tierra del Fuego, 13 o 14 de cada 100 personas son empleados públicos solo a nivel provincial. Si se suman los nacionales (ejército, ANSES, AFIP/ARCA, aduana) y los municipales, la cifra real es notablemente más alta. La población de Tierra del Fuego es de poco más de 180.000 habitantes, equivalente a uno de los barrios más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Justamente ese pequeño tamaño es la clave para entenderlo: con una población de barrio urbano, la provincia debe mantener un aparato estatal completo (legislatura, tribunales, sistema de salud, educación, policía), lo que, al dividirlo entre una población reducida, arroja una proporción extremadamente alta.
Formosa ocupa un lugar particular en esta serie. Según datos del DNAP, en Formosa se registran unos 67 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes (6,7 por cada cien), muy por encima del promedio nacional. Pero Formosa no es una provincia patagónica con ingresos petroleros; es una de las provincias más pobres del norte, donde el número de trabajadores del sector privado formal alcanza apenas 37 por cada 1.000 habitantes, el valor más bajo de todo el país. Esto significa que el Estado es prácticamente el único empleador significativo: por cada trabajador privado formal hay casi dos empleados públicos. Jujuy (alrededor de 83 por 1.000), Chubut (alrededor de 79) y Chaco (cerca del promedio) también se encuentran por encima de la media nacional.
La franja media: provincias con sector público moderado
CABA ocupa un lugar estadísticamente anómalo en esta clasificación. La ciudad de Buenos Aires muestra 64 empleados públicos provinciales o urbanos por cada 1.000 habitantes, por encima del promedio nacional, lo que resulta paradójico para la jurisdicción económicamente más desarrollada. La explicación está en la doble naturaleza de CABA como ciudad autónoma: cumple funciones de municipio, provincia y distrito capital, lo que inevitablemente engrosa el aparato estatal. Sin embargo, CABA lidera el ranking de empleo privado formal con 519 trabajadores del sector privado por cada 1.000 habitantes, con la salvedad de que alrededor de medio millón de ellos viven físicamente en el conurbano y solo trabajan en la capital, lo que infla artificialmente el indicador.
Río Negro (alrededor de 64), La Pampa, Salta, Misiones y Santiago del Estero se ubican en el rango de 55 a 75 por 1.000, por encima del promedio nacional, pero sin los valores extremos del tope patagónico.
El polo inferior: provincias grandes con sector privado desarrollado
Córdoba ocupa el último lugar en el ranking de sector público provincial, con 33 o 34 trabajadores por cada 1.000 habitantes, es decir, unos 3,3 por cada 100 personas. Le siguen la provincia de Buenos Aires (37 o 38 por 1.000), Santa Fe (40 a 42) y Mendoza (44 a 45). Es llamativo que estas cuatro provincias generan en conjunto alrededor del 70% del PBI nacional y concentran la mayor parte del empleo privado formal del país. Esto no es casualidad: una economía privada diversificada y competitiva reduce tanto la necesidad de que la población busque empleo público como la presión política sobre el presupuesto para contratar más personal. Córdoba, además, es históricamente la provincia con una cultura política más antiestatista, y su lugar al final del ranking refuerza estadísticamente ese relato.
Un matiz fundamental: empleo provincial versus empleo público total
Todas las cifras mencionadas corresponden solo al nivel provincial. El panorama completo del empleo público incluye tres niveles: según datos del INDEC para el segundo semestre de 2025, el 15,8% de los ocupados en Argentina trabaja en el sector público; de ese total, el 21% son empleados nacionales, el 66% provinciales y el 13% municipales. Considerando los tres niveles, el indicador nacional aumenta considerablemente. Según datos de la OIT para 2022, Argentina, con una participación del sector público del 19,3% del empleo total, ocupaba el segundo lugar en América Latina en este indicador, detrás de Trinidad y Tobago (22,8%) y muy por encima del promedio regional del 11,6%.
Si se suman los niveles nacional y municipal a los datos provinciales, el indicador agregado para Tierra del Fuego probablemente supere los 20 empleados públicos por cada 100 habitantes, mientras que en Córdoba se mantendría por debajo de 8. Esta es una brecha de 2,5 veces al considerar todos los niveles, menor que la de solo los datos provinciales (4 veces), pero aun así económicamente significativa.
La doble anomalía: alto sector público y bajo salario
El estudio revela una brecha fundamental que a menudo escapa al discurso político: las provincias con mayor cantidad de empleados públicos per cápita se dividen en dos grupos radicalmente distintos. El primero son las provincias patagónicas con alto sector público Y altos salarios: Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En 2024, estas tres provincias gastaron en salarios del sector público tres veces o más que las provincias con el indicador más bajo. Este es el modelo del “Estado caro”: pocos habitantes, muchos empleados, altos sueldos, financiados con regalías petroleras.
El segundo grupo son las provincias del norte (Jujuy, La Rioja, Catamarca, Formosa) con alto sector público, pero salarios bajos. Provincias como Jujuy y La Rioja tienen una alta proporción de empleados públicos, pero con sueldos relativamente modestos: el Estado actúa como empleador de última instancia, no como fuente de empleos bien remunerados. Es un “Estado barato” en términos salariales, pero “grande” en cobertura, una forma de transferencia social encubierta en la que el empleo público compensa la falta de puestos en el sector privado.
La tendencia histórica: crecimiento lento pero sostenido
Desde 2012, el empleo público provincial creció en promedio un 1,2% anual, ligeramente por encima del crecimiento poblacional del 0,9%, lo que significa que la relación empeoró lenta pero sostenidamente. La llegada de Milei en diciembre de 2023 dio la primera excepción significativa a esta tendencia: en 2024, el sector público nacional en el presupuesto del país se redujo alrededor de un 21% en términos reales, aunque la cantidad de personal cambió mucho menos: la contracción se dio principalmente a través de la caída de los salarios reales, no de despidos masivos. A nivel provincial, un ajuste similar de alrededor del 15% también ocurrió, pero la mayoría de las provincias no redujeron su plantilla; congelaron las contrataciones y dejaron que la inflación hiciera su trabajo. Por eso, a mediados de 2026, el indicador de “empleados públicos por cada 1.000 habitantes” prácticamente no cambió en comparación con 2023, aunque el gasto real en personal cayó sustancialmente.
El promedio argentino de 15 a 17% de ocupados en el sector público sobre el total del empleo es alto para estándares regionales, pero no anormal según los parámetros de la OCDE. Francia, Noruega y Suecia tienen un sector público del 25 al 30% del empleo; Estados Unidos, alrededor del 15%. La especificidad argentina no está en el tamaño absoluto del sector público en sí, sino en su concentración en las provincias más pobres: precisamente donde la economía privada es más débil, el Estado asume la mayor carga como empleador. Esto refuerza la dependencia de estas regiones de las transferencias federales, creando una trampa fiscal de la que es extremadamente difícil salir sin un desarrollo estructural del sector privado.
