Si hubo una palabra capaz de comerse buena parte de la actualidad española esta semana, fue Ceuta. La crisis migratoria siguió marcando la agenda nacional, con el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí cruzándose responsabilidades mientras la presión sobre la ciudad continúa. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, volvió a reclamar una respuesta del Estado ante la presencia de menores migrantes en las calles, mientras Pedro Sánchez remitió parte de la responsabilidad a la administración autonómica. El asunto pasó rápidamente de la gestión a la batalla política: PP y Gobierno intercambiaron acusaciones sobre quién está respondiendo —o dejando de responder— a la crisis, y durante el fin de semana cientos de personas marcharon hacia el Tarajal para protestar por la situación. El Gobierno, por su parte, ha reforzado la coordinación con Marruecos ante nuevas convocatorias difundidas en redes sociales para intentar cruzar la frontera el día 23. En otras palabras, Ceuta cerró la semana prácticamente como la empezó: con mucha presión sobre el terreno y bastante poca tranquilidad política.
El Congreso tampoco ayudó precisamente a bajar la temperatura. El miércoles tumbó el decreto del Gobierno destinado a regular la actividad de los lobbies, con 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN; PSOE, Sumar, ERC y Bildu votaron a favor, mientras PNV y Podemos se abstuvieron. La norma pretendía establecer obligaciones de transparencia para los grupos de interés que intervienen ante la Administración, pero llegó al pleno rodeada de críticas, entre ellas las de sindicatos y organizaciones empresariales por el tratamiento que recibían dentro del texto. Sumar incluso amagó con votar en contra antes de cambiar su posición a última hora. El resultado fue otra derrota parlamentaria para el Ejecutivo y, sobre todo, una nueva demostración de lo difícil que sigue siendo construir mayorías estables en el Congreso.
En economía, la semana dejó esa combinación tan española últimamente de crecimiento razonable y precios que se resisten a dar tregua. El Panel de Funcas elevó su previsión de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,5%, dos décimas más de lo calculado anteriormente, pero al mismo tiempo empeoró sus estimaciones de inflación: ahora espera una media anual del 3,4% y una inflación subyacente del 2,9%. La AIReF también puso una nota menos festiva al panorama y elevó su previsión de déficit público para este año al 2,7% del PIB, todavía por debajo del límite europeo del 3%, pero con menos margen fiscal para nuevas medidas. Así que la foto macroeconómica de septiembre queda curiosa: España crece algo más de lo esperado, pero también lo hacen algunos de los problemas que acompañan a ese crecimiento.
Donde los números siguen corriendo es en el turismo. España recibió en agosto 12,3 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 5,5% más que un año antes, con Europa aportando más del 85% del flujo. Y justo esta semana el Consejo de Ministros aprobó el nuevo plan aeroportuario DORA III para 2027-2031: cerca de 13.000 millones de euros de inversión en la red de Aena, con 4.477 millones destinados a Madrid-Barajas, 1.765 millones a Barcelona-El Prat y fuertes inversiones también en Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares y Málaga. El Gobierno calcula que la red podría superar los 363 millones de pasajeros en 2031. El plan, eso sí, abrió una grieta dentro del propio Ejecutivo: los ministerios de Sumar lo rechazaron por considerar que ampliar capacidad aeroportuaria implica más emisiones y más presión turística. España bate cifras de viajeros y, al mismo tiempo, empieza a discutir cada vez más seriamente cuánto quiere seguir creciendo por esa vía.
Y mientras turismo, inmigración y Congreso se llevaban casi todos los titulares, Málaga consiguió colarse en la agenda con una noticia bastante menos ruidosa pero potencialmente importante: el Gobierno anunció que las obras del futuro Centro de Semiconductores comenzarán en el primer trimestre de 2027. El proyecto cuenta con una inversión pública de 500 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica y forma parte de la estrategia del PERTE Chip para aumentar la capacidad tecnológica española. En Navarra, además, Volkswagen comenzó la producción del nuevo eléctrico ID. Cross en su planta de Landaben. No tienen el dramatismo de una sesión parlamentaria ni las imágenes de Ceuta, pero son dos pequeñas piezas de una cuestión bastante más grande: qué lugar quiere ocupar España en la industria europea de los próximos años.
Así termina una semana española con una mezcla bastante completa: Ceuta tensionando la política nacional, otro decreto derrotado en el Congreso, una economía que mejora sus previsiones de crecimiento mientras sigue peleando con la inflación, récords turísticos que obligan a ampliar aeropuertos y 500 millones para intentar fabricar algo más que sol, playa y servicios. Para ser la primera semana de esta nueva etapa española de Tucán, material precisamente no faltó.
