Una anciana de 87 años vuelve a poner la vivienda en el centro del debate
Si la semana pasada España hablaba principalmente de Ceuta, esta vez buena parte de la conversación nacional terminó girando alrededor de una sola persona: Maricarmen.
Maricarmen Abascal, de 87 años y con una discapacidad reconocida, fue desahuciada el miércoles de la vivienda de Madrid en la que llevaba viviendo más de seis décadas. El lanzamiento se ejecutó después de varios intentos anteriores y pese a la presencia de vecinos, activistas, políticos y otras personas que trataron de impedirlo.
El caso dejó rápidamente de ser un conflicto particular. Miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades españolas, los sindicatos de inquilinos convocaron movilizaciones y el sábado una nueva protesta en Madrid terminó con centenares de personas instalando tiendas de campaña en la Puerta del Sol.
Y el nombre de Maricarmen llegó también a la política nacional.
El Gobierno responsabilizó a PP y Vox de haber bloqueado anteriormente medidas antidesahucios, mientras que Alberto Núñez Feijóo calificó lo ocurrido de “descorazonador” y acusó al Ejecutivo de fracasar en su política de vivienda.
Entre acusaciones cruzadas apareció algo más concreto: el Gobierno aceleró la negociación de un nuevo real decreto de vivienda que pretende llevar al Consejo de Ministros. Entre las medidas que se negocian están la protección frente a determinados desahucios, la prórroga de contratos de alquiler y nuevas restricciones sobre los pisos turísticos.
Junts, cuyos votos pueden resultar decisivos para que la norma sobreviva posteriormente en el Congreso, ha vuelto a participar en las conversaciones.
Así que una historia que empezó con el desalojo de una mujer de 87 años puede terminar modificando, al menos parcialmente, la política de vivienda española.
Ceuta pasó el día 23 sin otra entrada masiva, pero la crisis no desaparece
El 23 de septiembre era una fecha marcada en rojo.
Durante los días anteriores habían circulado en redes sociales mensajes que llamaban a intentar una nueva entrada masiva en Ceuta coincidiendo con las elecciones legislativas de Marruecos. España y Marruecos reforzaron sus respectivos dispositivos de seguridad y José Manuel Albares aseguró que Rabat había garantizado su colaboración para impedir otro episodio como el de finales de julio.
Finalmente, la jornada transcurrió sin una nueva entrada de esas dimensiones.
Eso no significa que Ceuta haya salido de la agenda. El Gobierno anunció que prolongará unos 100 metros el espigón del Tarajal y sustituirá la actual barrera provisional por un sistema permanente de balizamiento. Mientras tanto, continúa el enfrentamiento político sobre el traslado de menores migrantes desde la ciudad autónoma a otras comunidades.
La crisis llegó también a Madrid durante el fin de semana. Miles de personas participaron el sábado en una manifestación convocada por Sociedad Civil Española para protestar por la gestión de Ceuta y exigir elecciones generales, con presencia de dirigentes de PP y Vox.
Como suele ocurrir con las manifestaciones españolas, el número de asistentes dependió bastante de a quién se preguntara: la Delegación del Gobierno calculó unas 20.000 personas y los organizadores, 180.000.
Renault pone 600 millones sobre la mesa
Entre tanta vivienda, inmigración y pelea política hubo también una noticia industrial importante.
Renault anunció una inversión de 600 millones de euros hasta 2030 para transformar sus fábricas españolas de Valladolid y Palencia.
El plan incluye la adjudicación de cinco nuevos modelos a las plantas españolas, entre ellos vehículos eléctricos, y una nueva línea de ensamblaje de baterías en Valladolid.
La noticia tiene especial relevancia porque la industria del automóvil sigue siendo una de las grandes piezas de la economía española y se encuentra en plena transición hacia el vehículo eléctrico. España es uno de los mayores productores de automóviles de Europa, pero mantener esa posición durante la electrificación obliga a atraer precisamente este tipo de inversiones.
Para Castilla y León, además, no se trata de una cifra abstracta: Valladolid y Palencia llevan décadas dependiendo en buena medida de la actividad industrial vinculada al automóvil.
Así que esta semana España consiguió algo bastante más difícil que vender coches: conseguir que una multinacional comprometa producción futura antes de saber exactamente cómo será el mercado del automóvil dentro de cuatro años.
España ya gasta casi 14.500 millones de euros al mes en pensiones
La Seguridad Social publicó esta semana otra cifra que merece detenerse unos segundos.
España destinó en septiembre 14.498,2 millones de euros al pago de pensiones contributivas. Son 10,5 millones de pensiones cobradas por más de 9,5 millones de personas.
La pensión media del sistema alcanzó los 1.374,6 euros mensuales, un 4,6% más que hace un año. Si miramos únicamente las pensiones de jubilación, la media asciende a 1.576,1 euros.
Pero quizá el dato más interesante no esté en cuánto se cobra, sino en cuándo se empieza a cobrar.
La edad media de acceso a la jubilación ha pasado de 64,4 años en 2019 a 65,4 en 2026. Además, el 11,6% de las nuevas jubilaciones registradas hasta agosto fueron demoradas voluntariamente, una proporción muy superior a la de hace siete años.
Es decir, España está pagando más pensiones y pensiones más altas, pero al mismo tiempo una parte creciente de los trabajadores está retrasando su salida del mercado laboral.
Solo las pensiones de jubilación representan ya 10.654,6 millones de euros mensuales, aproximadamente tres cuartas partes de toda la nómina contributiva.
La gasolina vuelve a complicar las cuentas
Y para terminar, una noticia que se nota bastante más rápido en el bolsillo que una estadística de pensiones.
Los precios de la gasolina y el diésel continuaron aumentando durante la semana, en un contexto marcado por el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán.
El problema adicional es el calendario. Varias de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para contener el coste de los carburantes terminan el 30 de septiembre. Actualmente, el gasóleo cuenta con una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro y la gasolina con una de cinco céntimos.
Pedro Sánchez anunció este domingo que el Consejo de Ministros prorrogará parte del llamado escudo social y energético. El Ejecutivo todavía no ha detallado completamente cómo quedará el nuevo paquete, aunque sí ha adelantado que continuarán determinadas ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por el sobrecoste del gasóleo agrícola.
Hasta ahora, las diferentes medidas adoptadas desde marzo han supuesto alrededor de 10.000 millones de euros.
El motivo se entiende mirando la inflación. En agosto alcanzó el 4,3% interanual, siete décimas más que en julio, con la energía como uno de los principales factores detrás del repunte.
Y Funcas advierte de que septiembre podría cerrar todavía más arriba, alrededor del 4,9%.
Así termina una semana en la que un desahucio particular se convirtió en un problema nacional, Ceuta superó sin una nueva entrada masiva una fecha que preocupaba a ambos lados de la frontera, Renault prometió 600 millones para sus fábricas españolas, las pensiones rozaron los 14.500 millones mensuales y llenar el depósito volvió a convertirse en una operación que conviene mirar dos veces antes de sacar la tarjeta.
