El calamar Illex argentinus lleva a Argentina hasta en su nombre científico. No es un detalle menor: se trata de uno de los recursos pesqueros más importantes del planeta. Solo en 2020 representó el 16.4% de toda la captura mundial de calamar y sigue siendo la especie de cefalópodo más explotada en el Atlántico Sudoccidental.
Su ciclo de vida está estrechamente ligado al mar argentino. Desova en aguas del país, migra a lo largo de la plataforma continental y durante décadas sostuvo buena parte de la actividad pesquera en puertos como Mar del Plata y Puerto Madryn. Además, todo este ecosistema depende de la Corriente de Malvinas, que nace frente a las costas patagónicas.
El negocio de las licencias
Todo cambió en 1986, cuando se creó la zona de conservación pesquera y comenzó a funcionar el actual sistema de licencias. A partir de entonces, los ingresos de las islas se dispararon. En pocos años, el gobierno local logró financiar practicamente toda su administración, con excepción de la defensa y las relaciones exteriores.
En términos simples, la administración británica convirtió los recursos pesqueros de la plataforma continental argentina en la principal fuente de ingresos del territorio. Hoy, las licencias para capturar dos especies de calamar y once especies de peces aportan cerca del 64% del producto interno bruto de las islas.
Las cifras hablan por sí solas. Durante el ejercicio fiscal 2023/24, la venta de licencias generó un superávit de 55.7 millones de libras esterlinas, sobre un gasto total cercano a los 96 millones. Dicho de otra manera: una parte sustancial de los fondos que financian hospitales, escuelas y salarios públicos en las islas proviene de permisos de pesca otorgados sobre recursos que Argentina considera propios.
¿Quién pesca realmente?
No son precisamente pescadores locales quienes compran estas licencias. Argentina captura alrededor del 33% del calamar Illex del Atlántico Sudoccidental. Sin embargo, China, Taiwán y Corea del Sur también tienen una presencia enorme en la zona, con porcentajes que oscilan entre el 17% y el 23% cada uno, gracias en gran medida al sistema de licencias vigente en Malvinas.
El caso del calamar Loligo, conocido también como calamar patagónico, resulta todavía más ilustrativo. La mayor parte de esta actividad está en manos de barcos españoles, especialmente de los puertos de Vigo y Marín. En 2023, las licencias para esa flota aumentaron un 12% y alcanzaron un valor total de 11.8 millones de libras, equivalentes a unos 13.4 millones de euros. Los empresarios pesqueros españoles suelen quejarse del costo de estos permisos, pero continúan renovándolos año tras año porque la rentabilidad de la pesca sigue compensando la inversión.
En los años noventa existió un mecanismo de cooperación entre Argentina y el Reino Unido: la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (SAFC). Su objetivo era administrar conjuntamente los recursos de la región. Sin embargo, el organismo dejó de funcionar después de que Argentina se retirara en 2005 por diferencias relacionadas con la reforma del sistema de licencias. Desde entonces, la administración pesquera de las islas se realiza de forma unilateral.
Lo que pierde Argentina
Segun datos oficiales del INDEC, las exportaciones pesqueras argentinas alcanzaron los 1.757 millones de dólares en 2023. De ese total, 315 millones correspondieron al calamar Illex. Pero esos números reflejan únicamente las capturas registradas por Argentina. No incluyen los volúmenes extraídos por flotas extranjeras que operan con licencias otorgadas en Malvinas dentro de la misma región marítima.
A esto se suma otro problema: la pesca ilegal o no declarada. Dependiendo del año, se estima que representa entre el 15% y el 34% de todas las capturas realizadas en el Atlántico Sudoccidental.
El resultado es evidente. Una parte del calamar asociado a la plataforma argentina termina siendo capturada bajo licencias británicas; otra parte se extrae sin control suficiente; y solo una fracción queda dentro de la cadena productiva argentina. Además, cerca del 84% de las exportaciones pesqueras del país corresponden a productos sin procesar. Argentina vende materia prima, mientras que buena parte del valor agregado se genera posteriormente en mercados como España, China o Corea del Sur.
La disputa detrás de los números
Más allá de las posiciones políticas sobre la cuestión Malvinas, los datos muestran una realidad económica concreta: los ingresos derivados de la explotación pesquera de la zona constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de las islas. Las licencias son pagadas por flotas de distintos países y esos recursos alimentan el presupuesto local, que financia servicios públicos y el funcionamiento de la administración isleña.
Mientras tanto, Argentina sostiene que no participa de la gestión de recursos que considera parte de su plataforma continental y que, por lo tanto, deja de percibir ingresos asociados a esa actividad.
